El PP amplía su recurso de amparo ante el TC por la tramitación de la reforma del Código Penal
El Partido Popular ha presentado una ampliación de su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación con la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición y reducir la malversación. Según fuentes del Grupo Parlamentario del PP, esta proposición busca reformar dos leyes orgánicas, una del Tribunal Constitucional y otra del CGPJ, mediante enmiendas de adición.
Esta acción se lleva a cabo después de que Unidas Podemos intentara evitar que el TC pudiera revertir la reforma legal impulsada por el Gobierno para modificar la ley del Poder Judicial, asegurando la mayoría progresista del Tribunal Constitucional y garantizando la designación de Juan Carlos Campo como magistrado en dicho órgano.
La ampliación del recurso se centra en el Pleno del Congreso del 15 de diciembre, donde se aprobó la controvertida reforma a través de enmiendas a la ley para modificar el Código Penal, derogando la sedición y reduciendo la malversación.
El recurso original del PP buscaba la suspensión cautelarísima del trámite parlamentario, advirtiendo que el Pleno del 15 de diciembre marcaba un punto de inflexión en el ordenamiento jurídico. Unidas Podemos argumenta que, al haber pasado esa fecha, el objeto del recurso ha desaparecido y el Pleno convocado ya no debería celebrarse.
Sin embargo, el PP sostiene que su solicitud de amparo estaba relacionada con el trámite parlamentario y no con la fecha del Pleno, por lo que el traslado de la iniciativa al Senado no impide que el Tribunal Constitucional intervenga. Han adjuntado el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia, donde los letrados advirtieron sobre enmiendas que podrían carecer de conexión material y no guardar relación mínima de homogeneidad con la proposición de ley. A pesar de estas advertencias, el presidente de la Comisión rechazó la petición del PP de no incluir estas enmiendas. El PP argumenta que busca proteger los derechos fundamentales de los parlamentarios para garantizar todas las garantías y defender el Estado de derecho.
